La conflictividad vuelve a las carreteras. Este lunes, los camioneros han anunciado la convocatoria de nuevos paros indefinidos a partir del próximo domingo. La medida fue decidida este fin de semana por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, que asegura que ha contado con el 86% de los votos a favor.
Se trata de la misma asociación que llevó a cabo distintos paros en el mes de marzo, que provocaron serios problemas de abastecimiento en la distribución. La plataforma no forma parte del Comite Nacional del Transporte por Carretera, que es el órgano de interlocución del Gobierno; pero se considera representativa ya que engloba a los camioneros autónomos y pymes.
De hecho, ahora denuncian la pasividad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la hora de controlar la aplicación de la ley que impide que los camioneros trabajen a pérdidas. Es decir, obliga a los cargadores para los que trabajan a pagar precios que, al menos, cubran los costes del servicio.
Esta ley fue acordada con el sector a finales de marzo, además de otras medidas como un paquete de ayudas directas de 450 millones de euros. Estas se suman a las medidas aprobadas en 2021, la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante aprobada en abril, la prohibición de que los conductores hagan carga y descarga, la limitación a una hora de los tiempos de espera en zonas de carga y descarga y el refuerzo en la inspección dentro de su trabajo.
En este sentido, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha reconocido su «preocupación» ante el posible paro en el transporte de mercancías y ha apelado a la «responsabilidad» del colectivo para que no convoquen movilizaciones de nuevo. Sobre todo, ante el «complejo momento actual».
Sánchez ha asegurado que el Gobierno «ha cumplido todos los acuerdos alcanzados con el sector del transporte» y ha destacado que las circunstancias del sector han mejorado y que el Ejecutivo seguirá trabajando para cumplir lo acordado entre ambas partes. No obstante, ha insistido en que, si se producen situaciones en las que se incumple la ley, existe un sistema de denuncia.
«Es absolutamente imprescindible hacerlo para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros», ha subrayado, y ha avanzado que su Ministerio está ultimando un plan de Inspección donde se refuerzan los mecanismos de inspección, un mecanismo que presentará «en las próximas semanas».
Con respecto a una posible prórroga de la bonificación de 20 céntimos por litro más allá del 31 de diciembre de este año, la ministra ha señalado que el Gobierno está «a punto» de tomar esa decisión, que se conocerá «en unas semanas».
Fuente: elmundo.com
